Las llamadas empresas militares de seguridad privada (EMSP) participan sistemáticamente en los conflictos armados, bien directamente mediante apoyo al combate o indirectamente realizando funciones de formación, entrenamiento, protección de personas y lugares estratégicos, espionaje, consultorías o asesoramiento militar, inteligencia, logística, infraestructura, mantenimiento y comunicaciones.
El crecimiento de estas empresas es un fenómeno exponencial; los gobiernos de determinadas potencias, como Estados Unidos, recurren a ellas habitualmente. Esto ha sucedido en Afganistán e Iraq. También en el conflicto de Libia, en el 2011, se detectaron mercenarios británicos subvencionados con dinero catarí.
La Convención internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y la instrucción de mercenarios adoptada por Resolución 44/34, de 4 de diciembre de 1989, de la Asamblea General de las Naciones Unidas entró en vigor el 20 de octubre de 2001. Actualmente es el único instrumento jurídico vinculante. Sin embargo, tiene dos graves inconvenientes:
1º) No dispone de ningún mecanismo de control
2º) Sólo ha sido ratificada por 31 Estados.
Estados Unidos, y otras grandes potencias que recurren frecuentemente a mercenarios no la han ratificado.
Actualmente no existe una regulación internacional que regule las actividades de las EMSP, aunque a iniciativa suiza se redactó el “Documento Montreux” (cuyo título completo es Documento sobre las obligaciones jurídicas internacionales pertinentes y las buenas prácticas de los Estados en lo que respecta a las operaciones de las empresas militares y de seguridad privada durante los conflictos armados). Este documento no tiene valor jurídico y en él se proponen recomendaciones legales internacionales y un código de buenas prácticas.
En 2010 se presentó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un proyecto de “Convención sobre las empresas militares y de seguridad privadas”. Este proyecto lo debía examinar durante dos años un Grupo de Trabajo Intergubernamental, pero votaron en contra de su creación: Bélgica, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Hungría, Japón, Moldavia, Polonia, Reino Unido, Eslovaquia y Hungría.
Los Estados recurren a las EMSP
Desde el final de la Guerra Fría los Estados recurren cada vez más a estas empresas. En un principio estaban dedicadas a labores de apoyo logístico y servicios de mantenimiento, pero con el tiempo han ido ampliando sus servicios a actividades que anteriormente sólo desempeñaban los cuerpos y fuerzas de seguridad de los Estados, tales como lucha contra terrorista e insurgencia, inteligencia, vigilancia e interrogatorio de prisioneros, y mantenimiento y operación de determinados sistemas de armas de avanzada tecnología.
Sin embargo, las actividades de estas EMSP no han salido a luz pública hasta que la guerra de Iraq ha destapado violaciones de los derechos humanos y las leyes internacionales por parte de alguna de estas empresas.
La discusión sobre su necesidad es el primer aspecto a tratar, caso de que estuviera justificada esa necesidad, habría que revisar la legalidad sobre la que basan sus actividades y por último exigir un control exhaustivo sobre su personal, sus operaciones y su financiación.
La justificación para contratar los servicios de estas empresas proviene de la reducción de los contingentes militares como consecuencia del final de la Guerra Fría. Argumento que se complementa con la tendencia privatizadora imperante a partir de los años noventa y que alcanza también a la seguridad y la defensa nacional e internacional. Así, con el pretexto de ahorro de costes económicos, se externalizan funciones tan propias de los Estados como son el combate y la inteligencia.
Según los defensores de estas EMSP, estas empresas tienen la ventaja de ser contratadas según demanda con un personal altamente cualificado, lo que supone considerable ahorro para los presupuestos estatales.
Tradicionalmente los Estados se han reservado aquellas operaciones directamente relacionadas con el combate y la inteligencia. Es muy discutible que estas actividades puedan ser realizadas por empresas privadas, cuyo único objetivo es la obtención de beneficios económico.
Con la lógica del beneficio estas empresas podrían servir a aquellos intereses que le produzcan mayores dividendos. La lealtad quedaría supeditada al mejor postor e incluso la eficacia –suponiendo la lealtad- se vería afectada por las leyes del mercado, es decir, dar el menor servicio con el mayor beneficio, algo impensable cuando se trata de hacer la guerra. También se puede discutir su empleo, por las mismas razones, en labores de protección y escolta, interrogatorio de prisioneros, formación de militares y policías, así como el empleo de armas tecnológicas, guerra electrónica y cibernética.
El secretismo como norma en las EMSP
El dejar algunos aspectos de la seguridad en manos de las EMSP sin regulación internacional y sin control nacional, plantea serias dudas sobre la constitucionalidad de estas empresas. Generalmente pertenecen o están ligadas a lobbies de poder político y económico. Suelen tener, sin embargo, sus residencias en paraísos fiscales, y cambian frecuentemente de domicilio a fin de escapar de la fiscalización.
La empresa Blackwater (que pasó a denominarse Xe Services) ha sido contratada por los Estados Unidos y por la CIA. Uno de sus máximos responsables, John Ashcraft, fue el artífice de la Patriot Act (ley Estadounidense aprobada como parte de la “guerra al terrorismo” que restringía algunas libertades públicas) mientras fue Procurador General durante la Administración Bush desde 2001 a 2005.
La información que de las EMSP se puede obtener en internet es bastante limitada y se reduce a consideraciones muy generales y publicidad. Los gobiernos tampoco están muy interesados en desvelar lo que sucede dentro de estas empresas. Por ejemplo, la Administración Bush no reveló las empresas que trabajaban en Iraq; para ello utilizó la ley norteamericana mediante la cual el Gobierno no está obligado a revelar al Parlamento los contratos inferiores a 50 millones de dólares.
Las operaciones o actividades que realizan suelen desvelarse con ocasión de algunos escándalos relacionados con violaciones flagrantes de los derechos humanos y las leyes internacionales, además de casos de corrupción en los que se ven involucrados los propios Estados a los que sirven y en los que desempeñan sus labores.
El 16 de septiembre de 2007 empleados de la empresa Blackwater World Wide, cuando escoltaban un convoy militar por las calles de Bagdad, dispararon contra civiles indefensos alegando que habían sido atacados previamente por ellos. El resultado fue que murieron 17 iraquíes y fueron heridos 24. El 31 de diciembre de 2009 fueron juzgados en Estados Unidos cinco empleados de la Blackwater implicados en el incidente, sin embargo, el juez federal desestimó los cargos alegando que no habían sido respetados sus derechos constitucionales cuando declararon ante la policía.
El negocio de las EMSP
Después de los atentados del 11 de septiembre de 2011 en Nueva York y Washington, las EMSP realizan un despegue vertiginoso, hasta el punto de que sus valores en bolsa registran aumentos muy considerables. Se da el caso de que algunos fondos de pensiones de empleados públicos de California se invirtieron, sin conocimiento de los inversores, en CACI y Titan, que son EMSP en las que algunos de cuyos empleados fueron involucrados en las torturas de las cárcel iraquí de Abu Ghaib durante la invasión norteamericana a ese país.
Se calcula que emplean a 1,5 millones de personas. En el 2003 facturaron por un importe de 900 millones de dólares, mientras que y que en el 2005 las facturaciones del sector superaron 2.500 millones de dólares. Actualmente el negocio se calcula entre 20 mil y cien mil millones de dólares.
Algunas de las EMSP pertenecen a grandes consorcios internacionales de la fabricación y venta de armas; tal es el caso de Military Profesional Resources Inc (MPRI) que pertenece a Lockheed Martín; Vinnel que pertenece a Northop Gruman, Dyen Corp que está integrada en la multinacional informática Computer Science Corporation. También Kellog, Brown & Root está dentro de Halliburton una multinacional de logística militar (presidida por Richard Cheney antes de su nombramiento como vicepresidente durante la Administración Bush).
Naturalmente, estas empresas limpian su cara a través de importantes operaciones de marketing, para hacer llegar a la opinión pública que cumplen con todas las leyes internacionales, respetan los derechos humanos y se guían por una ética y unos valores dedicados a acabar con los conflictos a través de la ayuda humanitaria. A este respecto cabe destacar el lema propagandístico de Blackwater: “Para apoyar la LIBERTAD y la DEMOCRACIA”.
Como ya se ha dicho no están obligadas a respetar normas y leyes nacionales, y se establecen en paraísos fiscales. Así evitan gastos innecesarios y no están sujetas a control de calidad alguno. Sus reglas son las del mercado; mínimo coste y máxima eficacia. Ello se traduce tantas veces en baja prestación de los servicios requeridos. No obstante algunos Estados parecen no prestar demasiada atención, contratan los servicios y esperan obtener resultados sin preguntarse qué métodos se utilizan o si se respetan las leyes y los derechos humanos. La corrupción es otra práctica común ante la falta de regulación y control; por ejemplo, facturar por servicios no realizados, o incrementar las facturas por agua o gasolina.
La gran pregunta es sobre qué resulta más económico al Estado asumir todas esas funciones propias de la seguridad y la defensa nacional o privatizar y delegar, por tanto, esas funciones. ¿Por qué si la seguridad y la defensa es una función principal de los Estados se delega? ¿Por qué si la seguridad y la defensa son un bien público se privatizan?
Los mercenarios
Las personas que trabajan para estas empresas suelen ser ex militares y ex miembros de servicios de seguridad e inteligencia, los que ocupan puestos más importantes son los que a su vez lo tuvieron en sus fuerzas de procedencia. También hay civiles con profesiones relacionadas con la alta tecnología, la logística, el mantenimiento y las comunicaciones. Todos ellos reciben unos salarios muy superiores a los que podían percibir si trabajaran para las fuerzas armadas o cuerpos de seguridad estatales.
Para las labores u operaciones que no requieren tanta especialización o formación se contratan a ex militares de baja graduación o ex policías u otros cuerpos de seguridad. Así el ahorro en formación es decisivo para el negocio de estas empresas. El Estado los ha formado y ellas se aprovechan de esto. También se contratan empleados locales con salarios más bajos que los anteriores. Lo más significativo es que los Estados no tienen control alguno sobre los procesos de reclutamiento, lo cual impide saber la calidad profesional del personal empleado y sus antecedentes legales.
Javier Jiménez Olmos
Muchas gracias, Javier.
Además de los casos citado está el ángulo directamente criminal que también se nutre de mandos y personal formados profesionalmente. Por ejemplo, las «fuerzas» del narcotráfico Mexicano dirigidas por estos profesionales.
El final del Servicio Militar –voluntario u obligatorio– ha vuelto a producir los ejércitos mercenarios al igual que antes pero con mucha más fuerza porque las restricciones legales al uso de la fuerza abierta por los estados ha multiplicado la oportunidad de negocio.
Como ves ni un solo partido político ni los medios de comunicación hablan de estas cosas –tampoco de muchas otras– ni proponen leyes concretas.
Un saludo y enhorabuena
En efecto nos encontramos ante un gran peligro. La defensa y la seguridad deben ser un monopolio indelegable del Estado, como función pública fundamental.
Con todo, en parte, a la emergencia de este fenómeno no es ajena la falta de compromiso de las sociedades modernas en la seguridad colectiva.
Gracias por tratar este tema tan importante y tan actual. Las empresas, los traficantes, los negociantes de todo tipo, en un anonimato muy fácil de conseguir dada su situación que les permite un oscurantismo absoluto, cuyo negocio son las armas, fabricación, venta, transporte …no consienten reglamentos ni convenciones ni la menor traba, y como tienen acceso a los más altos cargos en las mas altas esferas, consiguen impedir la PAZ que les obstacularizaría sus suculentos negocios.
Naturalmente si el Ejército, que no se caracteriza por la transparencia, se sustituye por mercenarios, la opacidad se hace total. Ya los Códigos de Conducta para las Empresas se diluyen mediante las «infinitas» intermediarias. Las Cárceles…¿Qué ha pasado y pasa en Somalia? ¿Donde llevan a los presos? Las cárceles son otro negocio…..USA entre otros muchos que detallas, NO aceptan una Convención. ¿Nos puede sorprender? ¿Qué era y…desplazada, sigue existiendo, la Escuela de Mecánica USA? Si cascos azules están estos días siendo acusados por la misma ONU de delitos contra los Derechos Humanos, ¿Qué ocurre con los mercenarios? Solo que sus delitos estarán mucho más ocultos, totalmente ocultos. Pero ¿quien es el delincuente? los que están al final de la cadena o los grandes señores de la guerra a los que se recibe con honores……………
Tengo que reconocer que cuando me enteré, hace muchos años, de que en los cuarteles militares españoles hacían guardia servicios de vigilancia privada me alarmé. Al parecer por aquí no hemos seguido por esa senda, pero la voracidad privatizadora para esconderse de la fiscalización pública y para obtener muchos más beneficios es preocupante, aunque al parecer solamente estamos viendo algo que se repite desde hace miles de años en esta sociedad global. ¿Seremos capaces de ponerle coto, o pasará como con la contaminación, que pararemos cuando ya no podamos vivir en este planeta?. Pobres generaciones venideras.