Antecedentes

A finales de los setenta, el gobierno de la Unión Soviética estaba  preocupado por la revolución iraní y su influencia en las repúblicas soviéticas de mayoría musulmana de Asia Central. Temía que el contagio islamista se extendiera primero a Afganistán y de allí a sus repúblicas. Afganistán estaba dentro de la órbita soviética desde 1973 y se practicaba una política contra los islamistas. Pero los resultados de la influencia soviética no se veían reflejados en la economía, lo que provocaba el descontento entre la población y la oposición de los islamistas. En 1978 la oposición armada era generalizada en todo el territorio afgano y estaba principalmente liderada por grupos ligados al islamismo radical. En septiembre de 1979 el primer ministro Amín asesinó al presidente Taraki, que era, además el líder del partido Popular Marxista. La KGB temía que Amín abandonara la órbita de Moscú y estableciera un régimen islamista parecido al del vecino Irán. Ante tales perspectivas, los soviéticos decidieron intervenir militarmente.

El 24 de diciembre de 1979 las tropas soviéticas comenzaban la invasión de Afganistán; el presidente Amín fue asesinado –presuntamente por un comando de la KGB- y colocaron en el poder al miembro de la etnia parcham, Babrak Karmal. A partir de entonces una gran parte del ejército afgano se unió a las guerrillas muyahidines para combatir a las fuerzas invasoras. Los EE.UU. y algunos países musulmanes proporcionaron ayuda militar a esas guerrillas. Por las características del terreno y la complejidad de la operación el ejército soviético no pudo vencer a la resistencia. El 15 de abril de 1988 comenzaron la retirada de Afganistán ante las continuas bajas que les infligían las cada vez más preparadas y abastecidas guerrillas. La retirada se completa el 5 de febrero de 1989 y dejan al frente del gobierno al pro soviético  Najibullah.

En septiembre de 1991 los Estados Unidos y la Unión Soviética pactan suspender su apoyo respectivo a guerrilla y Gobierno, aunque Arabia Saudí e Irán continúan apoyando a la guerrilla islamista. En 1992 cae Najibullah y los rebeldes avanzan hacia Kabul; comienza la guerra civil. La Paz de Islamabad en marzo de 1993 no fue suficiente para detener esa guerra civil. El  movimiento talibán aparece el verano de 1994 en la región de Kandahar; se trata de un movimiento islamista suní de estudiantes de teología pertenecientes a la tribu pashtún que se formaron en las escuelas coránicas –madrazas- para transformarse posteriormente en un movimiento político-militar. Apoyados por Pakistán, iniciaron una ofensiva que culminó con la toma de Kandahar el 13 de noviembre de 1994 y de Ghazni el 24 de enero de 1995. La entrada en Kabul se realizó finalmente en septiembre de 1996. Después el movimiento talibán se extiende hacia el oeste y el norte en lucha contra los muyahidines que se agrupaban en la llamada Alianza del Norte.

A finales de 1998 los talibanes controlaban más del noventa por ciento del país, mientras que la parte restante estaba bajo control de la Alianza del Norte liderada por Rabbani cuyo gobierno era reconocido por la ONU, en tanto que Arabia Saudí, Pakistán y los Emiratos Árabes Unidos reconocían el régimen talibán. Allí donde tuvieron el control los talibanes impusieron las más estrictas leyes en nombre del Corán: lapidación de la mujer en caso de adulterio, amputación de las manos en caso de robo, exclusión de las mujeres de toda actividad pública, e imposición a las mujeres de vestir con el burka. Además destruyeron obras de arte como los Budas de Bamyam y otras obras del periodo preislámico.

Afganistán fue el refugio de Al Qaeda desde que los talibanes tomaron el poder. El 15 de octubre de 1999, el Consejo de Seguridad de la ONU estableció en su Resolución 1267 un ultimátum al régimen talibán para entregar a Bin Laden, bajo amenaza de embargo aéreo y sanciones financieras. El 14 de noviembre de ese mismo año finalizó el plazo para la entrega; como no se realizó comenzaron las sanciones. Otra resolución posterior del Consejo de Seguridad, la 1333 de 19 de diciembre de 2000 imponía más sanciones al régimen talibán como el embargo de armas, la incautación de cuentas y la denegación de permisos de viaje. Pakistán, sin embargo, infringía esa resolución, por lo que el 30 de julio de 2001el Consejo de Seguridad de la ONU dictó una nueva resolución 1363 por la que enviaba observadores a la frontera afgano-paquistaní para velar por el cumplimiento del embargo. Los talibanes y los partidos islámicos pakistaníes reaccionaron con dureza y amenazaron con matar a dichos observadores. Ante tales circunstancias la comunidad internacional se mostró partidaria de no continuar con el envío de ayuda a Afganistán, lo que contribuyó a agudizar la crisis económica de ese país. Antes del 11-S, Afganistán era un problema mundial: allí había una guerra civil, la pobreza era lo común, el cultivo de drogas su modo de vida…, y el exilio el precio de los disidentes. A partir de ese día, el conflicto adquirió una dimensión internacional.

La ya mencionada resolución 1368 legitimó (aunque esta legitimación es discutida) el ataque norteamericano y la posterior invasión de Afganistán. En la Resolución 1373 de 28 de septiembre se reconocía el derecho la  “legítima defensa individual o colectiva”. Sin embargo, el Consejo de Seguridad debería de haber establecido un mandato para señalar los objetivos de la operación y marcar las reglas de enfrentamiento de las acciones militares, lo que claramente no se realizó porque el Consejo dejó este asunto en manos de los Estados Unidos y la coalición ejecutora de las operaciones militares. El Consejo de Seguridad por Resolución 1378 de mismo año apoyó a la coalición para derrocar al régimen existente en ese momento, lo que también sería discutible por tratarse de una estricta interpretación del derecho de injerencia. La Resolución del Consejo de Seguridad 1386 de 2001 autorizó la creación de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF) y en la Resolución 1413 de 2002 la autorizaba para adoptar todas las medidas necesarias para cumplir el mandato para el cual fue creada.

Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU para Afganistán

 (solo hasta 2003)

Balance de la intervención

Hay quienes consideran que estamos hoy más seguros que hace diez años y que la democracia y la prosperidad se han expandido por el mundo y a ello ha contribuido la sociedad internacional al implicarse en Afganistán. Los que lo creen así argumentan que en estos años se ha conseguido un país con una constitución democrática, con libertad de expresión e incremento de los derechos de la mujer; se han celebrado dos elecciones libres al parlamento, han regresado cinco millones de refugiados; el PIB se ha incrementado de 4.085 millones de dólares en el 2002 a 9.658 millones en el 2007; se han construido clínicas, escuelas y carreteras; se han desmovilizado más de sesenta mil combatientes; y se han realizado importantes reformas judiciales para luchar contra el tráfico de drogas. Sin embargo, algunos datos evidencian que no todo ha funcionado tan correctamente como era de esperar.

El primer asunto a tratar a la hora de efectuar un balance de la intervención de la comunidad internacional en Afganistán es el de la legalidad. No parece claro que la resolución 1368 autorizara la operación “Libertad Duradera” como ya se ha mencionado anteriormente. La ISAF se autoriza expresamente en la resolución 1386 para apoyar a la Autoridad  Provisional afgana a mantener la seguridad en la zona de Kabul, y más allá de Kabul en la resolución 1510 de 13 de octubre de 2003. Sin embargo, en estas resoluciones no se contemplaba expresamente que las tropas pudieran hacer labores de contrainsurgencia. También es discutible la invocación al del artículo V de la OTAN ya que amplían el radio de acción más allá de las responsabilidades establecidas para “restablecer la seguridad en la zona del Atlántico Norte”.

En segundo lugar, conviene recordar que la intervención en Afganistán no sólo se ha justificado como una operación para acabar con el terrorismo internacional promovido por Al Qaeda, también se ha justificado como una defensa de los derechos humanos en general y del mujer muy en particular. A este respecto cabe recordar que los derechos humanos se han vulnerado desde el momento en el que presuntos terroristas fueron detenidos (unos ochocientos según datos del informe de Amnistía Internacional de 2007, “Guantánamo en cifras”) y trasladados a Guantánamo sin cargos, sin defensa y sin juicio. La situación de los derechos de la mujer no parece haber sufrido demasiados cambios. Los líderes de la Alianza del Norte son tan poco respetuosos con las mujeres como los talibanes, según se deduce de los informes de Amnistía Internacional.

En tercer lugar, la ayuda humanitaria no parece haber sido la prioridad de los gobiernos de las naciones que interviene en Afganistán. Tan sólo el 37 por ciento de las ayudas prometidas a Afganistán entre 2002 y 2011 han sido materializadas. La contribución militar ha sido muy superior a aquella que se destina a desarrollo y ayuda humanitaria: 92 de cada 100 dólares de la contribución del mundo a Afganistán se destinan a actividades militares. Tampoco está claro que se haya contribuido a un mayor bienestar de la población afgana. Según el informe de UNAMA, “Humanitarian Factsheet” de 29 de junio de 2008: 6,6 millones de afganos y afganas (30 por ciento de la población) no ingieren suficiente alimento; el 61 por ciento de los hogares se encuentra por debajo del umbral de la seguridad alimentaria; el 47 por ciento de niños y niñas entre 6 y 13 años no van a la escuela y, en algunas provincias, como Zabul o Uruzgan, son el 99 por ciento; y la ratio de asistencia de las niñas a la educación primaria, secundaria y terciaria son, aproximadamente, la mitad que la de los niños.

En cuarto lugar, el coste económico de las operaciones militares. El premio Nobel de economía Joseph Stiglitz calcula que la guerra de Afganistán ha costado, hasta el año 2007, entre 580 y 841 billones (miles de millones) de dólares.  Para España, también hasta el 2008, la cifra ascendía a 1.191.505.919 euros.

El total acumulado de los costes presupuestarios de los Estados Unidos para la guerra de Afganistán

Fuente: (Stiglizt, y Bilmes)

Coste total de la participación española en Afganistán

Año	Coste en euros
2003	20.816.426
2004	102.570.869
2005	223.629.915
2006	272.351.709
2007	266.755.000
11/2008	305.382.000
Total 2002-11/2008	1.191.505.919

Y en quinto, y último lugar las víctimas. Sobre el número de víctimas en esta guerra de Afganistán existen datos que no siempre están bien contrastados. Por lo que se deben tomar con cautela las informaciones al respecto debido a los intereses a los que obedecen. No obstante sí se pueden admitir algunas cifras de algunas agencias u organismos estudiosos de la materia. Se puede observar en los cuadros siguientes la evolución de las muertes de soldados de la coalición militar y las de civiles afganos.  Según un informe del Secretario General de la ONU enviado al Consejo de Seguridad en septiembre de 2011, entre junio y agosto de 2011 se registraron un total de 1.841 civiles muertos y heridos, de los cuales un 12 por ciento se atribuyeron a las fuerzas militares extranjeras o afganas. Los ataques aéreos fueron la principal causa de muertes causadas por las fuerzas de la coalición, matando a 38 civiles en julio, el número más elevado registrado desde febrero de 2010.

Muertes de la coalición militar de Afganistán

Fuente: http://icasualties.org/OEF/index.aspx,

Las muertes de civiles afganos

Año	Por fuerzas anti gubernamentales	Por fuerzas gubernamentales	Otros	Total
2006	699	230		929
2007	700	629	194	1523
2008	1160	828	130	2118
2009	1630	596	186	2412
2010	2080	440	257	2777

Fuente: UNAMA

Javier Jiménez Olmos

11 de marzo de 2014