Para analizar los conflictos de una manera lo más objetiva posible hay que adentrarse en sus raíces, averiguar sus causas y proponer soluciones, con objeto de alcanzar acuerdos satisfactorios a favor de los seres humanos y la naturaleza, casi siempre víctimas inocentes de las batallas económicas, políticas y militares que otros provocan.
Con relación a Venezuela se hacen declaraciones y toman decisiones que no se sabe muy bien que consecuencias pueden tener para la convivencia pacífica en ese país. La prudencia siempre es buena consejera a la hora de solucionar conflictos, sobre todo porque está en juego la seguridad y el bienestar de las personas que viven en Venezuela, que son lo más importante a salvaguardar.
Para intentar en comprender el conflicto venezolano se citan algunas consideraciones:
Legalidad. Habría que ser un experto en derecho constitucional venezolano para dar una opinión fundada el respecto. Si el lector interesado se adentra en las informaciones publicadas sobre la legalidad de la autoproclamación de Guaidó como Presidente de la República de Venezuela, se puede encontrar con argumentaciones a favor y en contra que, como en todos los asuntos legales, son complejas y llenas de matices. Las versiones encontradas se basan en la legitimidad de la elección de Maduro. Ese es el punto de partida inmediato de la actual crisis. Maduro es considerado usurpador por la oposición venezolana y por un buen número países.
Economía. Son datos objetivos los que muestran la dramática crisis económica por la que atraviesa Venezuela. Pero una vez más hay que investigar si esa crisis es solo consecuencia de un sistema político determinado o si es debida a la caída de los precios del petróleo, recurso decisivo para la economía venezolana. Se debe considerar si el desabastecimiento de bienes de consumo se debe a la mala gestión de los gobernantes o las sanciones económicas a las que se ha sometido al país. O puede ser todo a la vez, pero para un análisis completo se deben considerar todas las opciones.
Actores externos. Fundamentalmente los Estados Unidos, ahora con Trump y antes con otros presidentes, han sometido al régimen chavista a unas presiones políticas y económicas para favorecer sus intereses, tal y como lo han hecho en América Latina tradicionalmente. Los gobiernos norteamericanos y sus más incondicionales seguidores siempre han sido intervencionistas con la excusa de favorecer la democracia, aunque no les ha importado sostener a dictadores cuando han servido a sus intereses. Por otra parte, Rusia y China apoyan a Maduro, porque a su vez tratan de obtener sus beneficios económicos y estratégicos en este conflicto, hecho que lo agrava con repercusiones a escala mundial.
Seguridad. También es un dato objetivo que Venezuela es uno de los lugares con mayores tasas de criminalidad en el mundo. Por desgracia son varios países latinoamericanos los que también acompañan a Venezuela en este desgraciado ranking. Habría que preguntarse también a qué se debe este hecho. La violencia directa es casi siempre consecuencia de la estructural y cultural. La desigualdad, la pobreza y la falta de libertades pueden conducir al conflicto violento.
Derechos humanos: Las organizaciones internacionales especializadas, han acusado al régimen que preside Maduro de no respetar los derechos humanos. Es una de las principales acusaciones que pesan sobre el discutido presidente venezolano. Sin que sirva de excusa ni consuelo, algunos dirigentes que condenan el régimen venezolano por vulnerar los derechos humanos no tienen escrúpulos a la hora de abrazarse con otros que también lo hacen.
Alcanzar un acuerdo para celebrar elecciones con todas las garantías democráticas tiene que ser el objetivo fundamental y prioritario para resolver el conflicto en Venezuela. La Unión Europea, con la iniciativa principal de España, ha propiciado esta vía. No obstante, el ultimátum de ocho días anunciado por el Presidente del Gobierno de España ha provocado la reacción contraria, lo que cabía esperar por parte del régimen venezolano.
No hay que olvidar que para votar con libertad hay que “comer con libertad” y para eso se necesita que finalice inmediatamente cualquier sanción económica que impida la obtención de alimentos y medicinas, y que al mismo tiempo se haga un gran programa de ayuda humanitaria. Es otra premisa que los líderes a favor de salidas pacíficas deberían plantear.
¿Qué sucederá si Maduro no convoca elecciones? Si no se convocan elecciones, y la mayor parte de la comunidad internacional reconoce a Guaidó como presidente legítimo, es posible que el régimen de Maduro acentúe la represión sobre la oposición y que esta, a su vez, se manifieste con más virulencia. No se espera que Maduro y sus seguidores cedan en el corto plazo, por lo que la conflictividad irá en aumento, con el peligro de una guerra civil que afecte toda la región, máxime si el presidente Trump decide intervenir militarmente como ha insinuado en repetidas ocasiones, y Rusia o China, a su vez, apoyan con ayuda militar a Maduro. La división en las fuerzas armadas venezolanas es desconocida y puede ser factor decisivo a la hora de un conflicto civil armado.
La pregunta anterior tiene respuestas inciertas e inquietantes. A pesar de todo, todavía se tiene la esperanza de que quienes son responsables para solucionar este conflicto sean capaces de llegar a acuerdos que no conduzcan a la violencia. Unos acuerdos para:
- propiciar el diálogo y convocar elecciones con todas las garantías democráticas,
- cancelar las sanciones económicas de modo que haya recursos financieros para comprar alimentos y medicinas,
- proporcionar ayuda humanitaria de la manera más urgente posible.
Y todo a la vez, porque en otro caso será muy difícil crear un ambiente para una transición pacífica.
La Organización de Estados Americanos no parece ser el mediador oportuno por la alineación mayoritaria de sus componentes, con el liderazgo estadounidense, a favor de Guaidó. La posibilidad del diálogo para conseguir unas elecciones democráticas pasa por la mediación de México y Uruguay, que han manifestado su deseo de colaborar para ese fin, lo que no disgustaría a Maduro, según él mismo ha declarado. Si Guaidó aceptara esta propuesta, Maduro tendría que aceptar a su vez que la Unión Europea, con España a la cabeza, fuera parte principal en la supervisión del proceso electoral. Con esa premisa Maduro, Guaidó y sus respectivos seguidores se tendrían que comprometer a aceptar los resultados.
Los plazos son importantes para la celebración de elecciones, pero no se debe olvidar la gran tensión que se percibe en la sociedad venezolana. Toda opción de diálogo debe ser considerada antes de que sea demasiado tarde.
No podemos olvidar las lecciones de la historia, la más reciente de Siria como paradigma de lo que conflictos internos alentados desde el exterior pueden ocasionar.
Javier Jiménez Olmos
28 de enero de 2019
Interesantes, como siempre, sus análisis profesor. Pero me permitirá matizar algunas cuestiones.
El artículo 231 de la Constitución vigente en Venezuela establece: “El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional”. Ese día “el candidato elegido” debe iniciar un nuevo sexenio.
El domingo 20 de mayo de 2018, en unas elecciones calificadas como fraudulentas por una amplia mayoría de la comunidad internacional, el Presidente Maduro alcanzó la reelección. No solo la totalidad de las denominadas potencias occidentales lideradas por USA desconocieron los resultados, también la Unión Europea, incluido el gobierno de España. Y por supuesto la oposición venezolana. Evadiendo la norma constitucional, el jefe de Estado se juramentó el 24 de mayo ante la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) -no ante la Asamblea Nacional- en su pretensión por dar por hecha su continuidad en el Palacio de Miraflores, en Caracas.
“Lo que nace nulo absolutamente ni el tiempo ni acto alguno lo convalida. Por eso es inexistente. Y si algún mandato o cargo se fundamenta en un proceso viciado de nulidad absoluta, como lo fueron las elecciones del 20 de mayo, quien lo ejerce carece de legitimidad”, así se manifestaba Román Duque Corredor, ex magistrado de la extinta Corte Suprema de Justicia y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Se puede afirmar, sin necesidad de resultar un experto constitucionalista, que formalmente el mandato del Presidente Maduro concluyó el pasado 10 de enero de 2019 pues, nunca -aun si se dieran por válidas las fraudulentas elecciones de mayo 2018- el “candidato elegido” tomo posesión del cargo “mediante juramento ante la Asamblea Nacional”.
El 24 de enero de 2019, la Alta Representante de la Unión Europea, declara que “La UE apoya plenamente a la Asamblea Nacional como la institución elegida democráticamente y cuyos poderes deben ser restablecidos y respetados.” También que, “Los derechos civiles, la libertad y la seguridad de todos los miembros de la Asamblea Nacional, incluyendo de su Presidente, Juan Guaidó, deben cumplirse y respetarse de manera plena.”
https://eeas.europa.eu/delegations/venezuela/57029/declaraci%C3%B3n-de-la-alta-representante-en-nombre-de-la-uni%C3%B3n-europea-sobre-los-%C3%BAltimos_es
En consecuencia, el Presidente de la Asamblea Nacional, no se autoproclamó nada, sino que asumió formalmente sus responsabilidades institucionales.
En cuanto al papel de USA y las sanciones económicas, no deja de resultar bastante chocante que sea precisamente Estados Unidos uno de los mayores socios comerciales de Venezuela. El comercio entre Estados Unidos y Venezuela en 2018 creció más de un 9%. Además, Venezuela tiene acuerdos bilaterales vigentes y operativos con más de 70 países.
https://www.ustradenumbers.com/country/venezuela/
Que los funcionarios cubanos -desperdigados por cientos en todas las estructuras de poder político y económico en Venezuela- estén regresando discretamente a la Habana, invita a realizar la lectura de que ni siquiera los más interesados valedores del régimen apuestan por su continuidad.
Que esto concluya de una manera civilizada o kamikaze y trágica, solo será responsabilidad de los actuales mandatarios chavistas, con la complicidad de buena parte de su cúpula militar. Se entiende que les cueste renunciar al fabuloso expolio del Arco minero del Orinoco y de tantas otras dudosas actividades que rozan, cuando no cruzan, la línea del crimen organizado internacional. Pero parece que ya se han encendido las luces que anuncian el Game Over de esta partida de unos dirigentes contra sus administrados. Al tiempo.
Andrés, sus comentarios son siempre bien recibidos por lo respetuosos, documentados y argumentados. En mi artículo no he entrado en profundidad en asuntos constitucionales o económicos porque no soy un experto en estos asuntos. Independientemente de las razones legales y económicas mi principal preocupación es que el conflicto pueda desembocar en guerra civil que afecte a toda la región. Y para que eso no suceda, estoy convencido de que se debe dialogar, negociar y mediar como usted sabe muy bien. Muchas gracias por su atención al leer y comentar mis artículos.